A Pablo le pillaron empadronando a sus hijos en la vivienda de un amigo. A Mercedes, falsificando un certificado médico que apuntaba que su hijo era celíaco y alérgico a las palomas. Y a Juan, con una declaración de ingresos donde detallaba que su sueldo era de 20.000 euros al año, y no los 60.000 que ganaba en realidad. Los tres son padres que hicieron «todo lo posible» por colocar a sus hijos en el que colegio que deseaban. Detectives privados contratados por otros padres y los servicios técnicos de la Consejería de Educación desbarataron sus planes.
Hasta ahora, siempre ha habido ocho semanas al año en el que las familias tiraban de ingenio para lograr los puntos necesarios que les permitían lograr plaza en el centro que querían. Estas ocho semanas son el plazo que dura el proceso de reserva de plaza en los colegios madrileños. Este año, está previsto que comience el 11 de abril, aunque será distinto. Ya no será necesario mentir sobre el lugar de residencia. Ni sobre las alergias de los niños. Ni siquiera tendrá especial relevancia si uno gana algo más de lo que en realidad dice.
El nuevo sistema que modificará a partir del próximo curso los criterios de admisión en los centros promete acabar con todos estos enredos. Todo el mundo puntuará lo mismo por zona (sólo el año que viene en la capital y otros 14 municipios, seguirá primando la cercanía, aunque también se valorará al resto); desaparecen los puntos por celíacos u otras alergias; y también se reduce a gente muy necesitada (perceptor de la Renta Mínima de Inserción) los dos puntos que se destinarán por renta.
Hermano y antiguo alumno
El área única educativa que impulsa el Gobierno madrileño beneficiará, sobre todo, a los hermanos y a los antiguos alumnos. Estos dos grupos «puntuarán» más que ahora para lograr plaza. De esta forma se elimina de un plumazo todo atisbo de engaño. La consejera de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, aseguró ayer en Onda Madrid que los nuevos criterios de admisión en centros públicos y concertados no darán lugar «a la picaresca» por parte de las familias. Figar aseguró, sin embargo, que en Madrid todavía no se habían llegado a dar casos de divorcio entre los padres para conseguir más puntos, como ocurre en Andalucía, donde se dan más puntos para entrar en el centro a las familias monoparentales y había padres que «se llegaban a divorciar antes» de escolarizar a los hijos.
La Comunidad de Madrid persigue «fundamentalmente» el garantizar «la libertad de elección» a las familias a la hora de elegir el centro que quieren para sus hijos que y «que los nuevos criterios de admisión no den lugar a tanta picaresca». «No me gusta llamarlo fraude, yo entiendo que hagan todo lo posible para escolarizar a sus hijos en un colegio de acuerdo con sus principios y valores», reconoció la consejera, quien señala que «al final es una decisión vital para las familias» y eso hace que algunos «se divorcien, se inventen enfermedades para sus hijos y en algunos casos pongan hasta detectives privados».
Esperanza Aguirre, por su parte, explicó que la zona única de escolarización persigue no «penalizar» a las familias que viven lejos del colegio que quieren para sus hijos. «Estamos decididos a que los padres tengan la libertad de elegir a qué colegios quieren llevar a sus hijos, y por lo tanto, si alguien no tiene fortuna para poder vivir cerca del colegio al que le gustaría llevar a sus hijos no tiene por qué verse penalizado», señaló. A su juicio, «lo importante» es que la familia «pueda tener los puntos para acceder a ese centro sin que por ello cuente el lugar donde está el domicilio». También reconoció que como este cambio tiene «muchas complicaciones», no se puede empezar este curso «sino al que viene».
Segregación y desigualdad
Sin embargo, los sindicatos CC.OO. y UGT de Madrid rechazaron el proyecto porque «favorece la segregación, la desigualdad social y beneficia a los centros concertados», mientras que para las asociaciones católicas y de centros privados la medida favorece la igualdad de oportunidades.
Para el secretario de Enseñanza de CC.OO. de Madrid, Francisco García, la medida introducirá «desorden» en la red de escuelas públicas pues no garantiza plaza «al 80% de las familias que prefieren llevar a sus hijos a colegios próximos a su casa». UGT-Madrid también la rechaza porque no se tienen en cuenta los criterios de integración y de cohesión social, ya que se potenciará que los alumnos «salgan de su entorno».
Hasta ahora, siempre ha habido ocho semanas al año en el que las familias tiraban de ingenio para lograr los puntos necesarios que les permitían lograr plaza en el centro que querían. Estas ocho semanas son el plazo que dura el proceso de reserva de plaza en los colegios madrileños. Este año, está previsto que comience el 11 de abril, aunque será distinto. Ya no será necesario mentir sobre el lugar de residencia. Ni sobre las alergias de los niños. Ni siquiera tendrá especial relevancia si uno gana algo más de lo que en realidad dice.
El nuevo sistema que modificará a partir del próximo curso los criterios de admisión en los centros promete acabar con todos estos enredos. Todo el mundo puntuará lo mismo por zona (sólo el año que viene en la capital y otros 14 municipios, seguirá primando la cercanía, aunque también se valorará al resto); desaparecen los puntos por celíacos u otras alergias; y también se reduce a gente muy necesitada (perceptor de la Renta Mínima de Inserción) los dos puntos que se destinarán por renta.
Hermano y antiguo alumno
El área única educativa que impulsa el Gobierno madrileño beneficiará, sobre todo, a los hermanos y a los antiguos alumnos. Estos dos grupos «puntuarán» más que ahora para lograr plaza. De esta forma se elimina de un plumazo todo atisbo de engaño. La consejera de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, aseguró ayer en Onda Madrid que los nuevos criterios de admisión en centros públicos y concertados no darán lugar «a la picaresca» por parte de las familias. Figar aseguró, sin embargo, que en Madrid todavía no se habían llegado a dar casos de divorcio entre los padres para conseguir más puntos, como ocurre en Andalucía, donde se dan más puntos para entrar en el centro a las familias monoparentales y había padres que «se llegaban a divorciar antes» de escolarizar a los hijos.
La Comunidad de Madrid persigue «fundamentalmente» el garantizar «la libertad de elección» a las familias a la hora de elegir el centro que quieren para sus hijos que y «que los nuevos criterios de admisión no den lugar a tanta picaresca». «No me gusta llamarlo fraude, yo entiendo que hagan todo lo posible para escolarizar a sus hijos en un colegio de acuerdo con sus principios y valores», reconoció la consejera, quien señala que «al final es una decisión vital para las familias» y eso hace que algunos «se divorcien, se inventen enfermedades para sus hijos y en algunos casos pongan hasta detectives privados».
Esperanza Aguirre, por su parte, explicó que la zona única de escolarización persigue no «penalizar» a las familias que viven lejos del colegio que quieren para sus hijos. «Estamos decididos a que los padres tengan la libertad de elegir a qué colegios quieren llevar a sus hijos, y por lo tanto, si alguien no tiene fortuna para poder vivir cerca del colegio al que le gustaría llevar a sus hijos no tiene por qué verse penalizado», señaló. A su juicio, «lo importante» es que la familia «pueda tener los puntos para acceder a ese centro sin que por ello cuente el lugar donde está el domicilio». También reconoció que como este cambio tiene «muchas complicaciones», no se puede empezar este curso «sino al que viene».
Segregación y desigualdad
Sin embargo, los sindicatos CC.OO. y UGT de Madrid rechazaron el proyecto porque «favorece la segregación, la desigualdad social y beneficia a los centros concertados», mientras que para las asociaciones católicas y de centros privados la medida favorece la igualdad de oportunidades.
Para el secretario de Enseñanza de CC.OO. de Madrid, Francisco García, la medida introducirá «desorden» en la red de escuelas públicas pues no garantiza plaza «al 80% de las familias que prefieren llevar a sus hijos a colegios próximos a su casa». UGT-Madrid también la rechaza porque no se tienen en cuenta los criterios de integración y de cohesión social, ya que se potenciará que los alumnos «salgan de su entorno».
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