viernes, 25 de septiembre de 2015

El 70% de los fraudes al seguro se cometen en accidentes de tráfico

La necesidad de tener dinero contante y sonante por la falta de ingresos estables es el origen general por el que los asegurados deciden engañar a sus compañías, encargadas de indemnizar y abonar los daños materiales sufridos en un incidente que, en ciertas ocasiones, no es más que una patraña. Con la crisis, el fraude a los seguros relacionado con accidentes de tráfico ha crecido un 29% en lo que va de año a nivel estatal, constatándose que en el entorno nacional seis de cada 10 intentos de estafas están relacionadas con el sector de la automoción.
Sin embargo, la estadística anual que elabora la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa) confirma que en la provincia de Albacete se comunican a diario casi tres partes fraudulentos, donde los titulares de la póliza intentan timar a sus respectivas aseguradoras para hacerse con un dinero que nos les pertenece por derecho. En concreto, el balance de Unespa cifra en 1.014 los intentos de fraude detectados el pasado año en Albacete, de los cuales 717 están relacionados con los seguros del automóvil, es decir, que en el caso de esta provincia, el porcentaje asciende al 70%.
Para el director general del grupo Arrfran, Juan Arrés, estos fraudes, conocidos como «baja intensidad» porque no superan los 600 euros, están enfocados generalmente a la reparación de un vehículo que tiene muchos años de antigüedad: «Hoy por hoy -añade-, los talleres sólo están reparando lo que las compañías les pagan por siniestros acaecidos, es decir, la reparación particular ya no existe desde hace tiempo porque los titulares de las pólizas se esperan a que le den un golpe o simulan uno para que se lo pague el seguro».
Quien conoce bien de cerca el problema de los fraudes al seguro y su tipología es José Manuel Sánchez González, vocal delegado en Castilla-La Mancha de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España y director de la agencia Albacoy en Albacete. Además de haber comprobado in situ el aumento de los fraudes al seguro, destaca el incremento que ha experimentado en paralelo la inversión que dedican las compañías a la lucha contra el fraude, especialmente desde que han comprobado que cada euro invertido en investigación de timos les reporta un beneficio de entre cinco y seis euros.
Una inversión dirigida a la medicina preventiva, a la contratación de gabinetes jurídicos y a los servicios de detectives privados, una alternativa a la que las compañías llegan cuando, una vez pasados sus propios filtros y en función de los patrones de conducta que hayan detectado en torno al desarrollo de los hechos y de las personas implicadas en los mismos, les salta la alarma y se ponen en contacto con estos detectives privados, aunque luego «puede ser verdad o no, aunque por lo general cuando nos pasan algún caso es porque tienen un alto índice de sospecha de que se trata de un fraude;otra cosa es que se pueda demostrar», explica Sánchez González.
En Albacoy, la investigación de presuntos engaños en accidentes de tráfico es lo más frecuente, muy por encima de simulaciones de robos en viviendas o vehículos, incendios... «Todo lo que cubre el seguro es susceptible de ser investigado, porque es susceptible de que sea un fraude», subraya el delegado regional de la Asociación Profesional de Detectives Privados, quien añade que Albacete no es una provincia que se caracterice por un alto número de estafas a las compañías aseguradoras, máxime si se compara con la Región de Murcia, «cuna del fraude».
EL BENEFICIO DEL FRAUDE. Defraudar a la compañía con la que tenemos contratada la póliza de nuestro coche puede conllevar dos beneficios:por un lado, el abono de los daños materiales causados al vehículo y, por otro, la indemnización por las lesiones físicas que se puedan producir como consecuencia del golpe. En el caso de la primera, se repara un daño material no causado por el accidente, por lo que «obtiene un beneficio a coste cero» y, en la segunda, «recibes una indemnización directa más las subsanación del importe médico».
Entendiendo que cada estafa puede ser diferente, en la mayoría de los casos se cumple el patrón de motociclistas que reclaman daños materiales porque se han salido de la vía y de conductores que, acompañados por otros cuatro ocupantes, acuerdan un accidente de tráfico con un tercero para que el seguro de éste abone indemnizaciones a los cinco por presuntas lesiones, lo que supone el pago de una cantidad económica muy importante. Este modelo de fraude, según José Manuel Sánchez, está creciendo mucho en los últimos años por parte de familias completas que, si consiguen engañar al seguro, «recibirán cinco indemnizaciones de entre 30 y 50 euros diarios por persona durante, por ejemplo, tres meses», lo que significa que, tirando por lo bajo, una unidad familiar puede recibir desde 13.500 euros por simular un accidente que nunca ocurrió.
En este campo del fraude al seguro de vehículos, se pueden dar dos circunstancias diferentes: que el accidente no haya ocurrido, por lo que el detective tendrá que averiguarlo y aportar el informe técnico que así lo determine; o que sí haya ocurrido pero las lesiones sean exageradas.
En la mayoría de accidentes inventados, el vehículo del defraudador suele tener daños materiales para así poder reclamar su reparación al seguro, inventándose un accidente con un tercero que nunca ha existido. Pero también se han destapado episodios en los que el conductor simula un accidente en el que él tiene la responsabilidad, pero los cuatro ocupantes del vehículo reciben indemnización por las lesiones. Ante la sospecha de que alguno de estos partes sea ficticio, las compañías aseguradoras tiran de las agencias de detectives privados, cuyo papel consiste en realizar un informe de la vida diaria del reclamante para verificar si desarrolla una actividad contraria o llamativa a la lesión que alega.
En sus años de experiencia profesional, José Manuel Sánchez ha investigado hasta casos de gran invalidez en los que ha tenido que demostrar que la lesión no es tan exagerada como el indemnizado sostiene.
A modo de ejemplo, Albacoy cuenta entre sus expedientes con un grupo de cinco defraudadores que alquilaron un coche y, en una rotonda, colisionaron contra un vehículo elegido al azar. El conductor no cobra indemnización, pero sí el resto de ocupantes, con el añadido de que el coche de alquiler no es suyo.
Con límites. El trabajo de un detective privado está regulado por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, aprobada el pasado mes de abril, donde se incluye el derecho al honor e intimidad familiar de todo ciudadano: «Conocemos perfectamente nuestros límites, siempre trabajamos dentro de la legalidad y si no lo podemos hacer, no aceptamos la investigación», aclara Sánchez González. De ahí que su trabajo se centre especialmente en seguir a los presuntos defraudadores en la vía pública y filmar o captar imágenes de su actividad diaria para demostrar que su denuncia al seguro es incierta.
Harina de otro costal es cuando estos detectives tienen que averiguar la realidad de un robo en una vivienda o en un coche o un incendio, sucesos en los que intervienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En estos supuestos, «no somos dos cuerpos iguales, la potestad en la investigación la tiene la Policía Nacional o la Guardia Civil; nosotros somos complementarios y entramos a investigar en los domicilios o en los bienes privativos, siempre con el consentimiento del dueño, en los casos cuando las compañías sospechan de que hay fraude y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden llegar al final de la investigación porque se trata de pequeñas cuantías».

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